Declaración pública de ROIJ-Chile y Fundación ANIDE
El condenable episodio de violencia en
que perdieron la vida el empresario Werner Luchsinger y su esposa,
ocurrido el viernes 4 de enero en Vilcún, ha contribuido a agudizar el
clima de represión en que viven las comunidades mapuche en diversos
sectores de la Región de la Araucanía. El gobierno ha abordado la
situación invocando la aplicación de la Ley Antiterrorista y disponiendo
el reforzamiento del aparato policial que opera en la zona.
Fundación ANIDE y la Red de
Organizaciones No Gubernamentales de Infancia y Juventud, ROIJ-Chile,
observan con preocupación el efecto que ejercerán estas disposiciones
sobre las comunidades mapuche. La situación de discriminación, violencia
y vulneración de derechos en que ellas viven se agrava por el trato
represivo que permanentemente da el Estado de Chile a sus demandas y
reivindicaciones. Y son en especial los niños, niñas y jóvenes de
estas comunidades en quienes se focaliza el maltrato y el abuso.
Los propios tribunales de justicia, por
lo demás, en diversas resoluciones han reconocido los excesos de las
instituciones policiales y de sus agentes, y han ordenado a dichos
organismos que se atengan a las disposiciones constitucionales y legales
en su trato con las comunidades mapuche.
Por otra parte, especialistas y
organizaciones humanitarias han advertido nuevamente el efecto
violatorio de derechos que facilita la aplicación de la Ley
Antiterrorista, que el gobierno invoca ahora para investigar los sucesos
ocurridos en Vilcún.
En estas circunstancias, Fundación ANIDE y
ROIJ-Chile destacan la responsabilidad y la obligación que tiene el
gobierno en la defensa y promoción de los derechos humanos y exigen a
las autoridades el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
el respeto de los instrumentos internacionales a las que ha adherido el
Estado de Chile, en especial la Convención de Derechos del Niño.
Santiago, 7 de enero de 2013
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